Ilustración de un ayuntamiento con la pregunta sobre el uso legal de IA

Uso legal de IA en ayuntamientos: ¿Cómo cumplir con la ley?

¿Puede tu ayuntamiento usar IA sin vulnerar la ley? Guía para instituciones públicas

El uso legal de IA en ayuntamientos es una cuestión clave que toda administración debe abordar si quiere implementar tecnología sin infringir la ley. Cada vez más entidades públicas incorporan inteligencia artificial para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Pero… ¿lo están haciendo conforme a la normativa?

El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (IA Act), junto con otras normas como el RGPD, impone obligaciones específicas para el sector público, especialmente por el impacto que estas tecnologías pueden tener en los derechos fundamentales.

El uso de sistemas de IA en el ámbito público puede mejorar procesos como:

  • La atención ciudadana (chatbots, automatización de trámites)
  • La gestión del tráfico y movilidad urbana
  • El control del consumo energético o la recogida de residuos
  • La planificación presupuestaria con modelos predictivos

Pero, al mismo tiempo, la IA también puede generar riesgos de discriminación, falta de transparencia o decisiones automatizadas sin control humano, lo que está directamente regulado por la normativa europea.

El Reglamento de IA establece una clasificación por niveles de riesgo. Esto es clave para saber qué obligaciones se aplican a cada proyecto:

IA que manipule comportamientos, identifique emociones en contextos laborales, o sistemas de puntuación social.

IA que afecte a derechos fundamentales (por ejemplo, en educación, empleo, justicia, acceso a prestaciones públicas…).

Sistemas de recomendación, generación de contenidos, chatbots informativos…

Clasificar correctamente los sistemas es fundamental para garantizar el uso legal de IA en ayuntamientos.

LEGALINNOVA acompaña a instituciones públicas en el proceso de implementación del uso legal de IA en ayuntamientos.

Infografía con los niveles de riesgo del uso de IA según la normativa europea

Antes de implantar un sistema de IA, el ayuntamiento debe valorar si puede afectar a derechos como la igualdad, la privacidad o el acceso justo a los servicios públicos.

Esto puede requerir un análisis jurídico-técnico previo que considere los riesgos de violación de derechos fundamentales.

Una Evaluación de Impacto en Derechos Fundamentales y en Protección de Datos, como lo establece el RGPD.

Es importante que se dé participación a los ciudadanos y se garantice la transparencia en la toma de decisiones públicas.

No hacerlo puede conllevar sanciones, bloqueo del sistema y pérdida de confianza pública.

La normativa exige que el uso de IA en el sector público esté siempre bajo control humano. No se pueden tomar decisiones automatizadas sin posibilidad de revisión por una persona.

Las decisiones automáticas deben ser revisadas y supervisadas por una persona para garantizar su validez.

Además, la ciudadanía debe saber cuándo se está utilizando IA, cómo funciona el sistema y qué medidas existen para impugnar decisiones erróneas.

El uso de IA en el ámbito público no se analiza solo desde el IA Act. También se deben tener en cuenta otras leyes aplicables, como:

  • Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
  • Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común
  • Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Normas autonómicas en materia de transparencia y buen gobierno

Todo proyecto con IA debe respetar los principios del RGPD: licitud, minimización de datos, exactitud, transparencia y responsabilidad proactiva.

Ciudad inteligente con uso legal de IA en una administración pública

Para garantizar un uso responsable, el ayuntamiento debe establecer:

  • Registros internos de los sistemas de IA usados o en desarrollo
  • Procedimientos de supervisión periódica
  • Auditorías técnicas y jurídicas, internas o externas, que evalúen el grado de cumplimiento

Recomendación práctica: Contar con un Delegado de Protección de Datos (DPO) o un responsable legal especializado en IA es esencial para gestionar correctamente estos procesos.

La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para modernizar la administración pública. Pero ese avance debe hacerse con garantías, con respeto a los derechos y con base legal sólida.

Desde LEGALINNOVA, ayudamos a instituciones públicas a evaluar sus proyectos de IA, detectar riesgos y asegurar su cumplimiento con el Reglamento de IA, el RGPD y el resto del marco jurídico aplicable.

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